En la última década, la presión tributaria en muchos municipios se multiplicó, especialmente en el sector financiero. Cómo impacta esto en el costo del crédito y limita la inversión privada, clave para el desarrollo económico.
La inversión y el crédito son dos motores esenciales para el crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida. Muchas veces, su potencial se ve restringido por una carga tributaria cada vez más alta, especialmente a nivel municipal.
Según un estudio llevado a cabo por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), los tributos locales sobre la actividad financiera limitan el crecimiento económico y encarecen el financiamiento de familias y empresas.
La presión tributaria local y su impacto en el acceso al crédito
Las tasas municipales aplicadas a la intermediación financiera generan costos que terminan afectando a familias y empresas.
La intermediación financiera está sujeta a una carga tributaria cada vez más compleja y desigual. En la actualidad, más de 2000 municipios argentinos aplican tasas locales con autonomía regulatoria, muchas veces sin un marco legal claro ni una relación directa con servicios efectivamente prestados. Esta dispersión normativa no solo eleva los costos administrativos, sino que también incrementa la inseguridad jurídica para las entidades financieras.
“El cálculo de estas tasas varía según cada municipio, lo que genera una enorme diversidad de reglas, incrementa los costos operativos y profundiza la incertidumbre legal”, advierte el informe.
El resultado es una presión tributaria que afecta de manera directa al usuario final: tanto las personas como las empresas enfrentan un mayor costo del crédito debido al incremento de los gastos operativos que deben asumir las entidades.
Tasas municipales: entre la distorsión y el debate legal
Según el relevamiento del IERAL, en 51 municipios de 10 provincias, la alícuota efectiva promedio sobre los ingresos brutos de la actividad financiera alcanza el 5,9%, superando el 7% en algunos casos. Estos niveles, señala el estudio, exceden los límites técnicos que definen a una tasa y cuestionan su configuración actual.
La Corte Suprema de Justicia ha establecido criterios específicos: una tasa debe estar asociada a un servicio público concreto, prestado de forma efectiva, proporcional a su costo y con asignación exclusiva. No obstante, el informe indica que, en la práctica, estas condiciones muchas veces no se cumplen. En numerosos casos, el cobro se realiza sin una contraprestación identificable, lo que desdibuja la lógica del tributo.
Matías Olivero, abogado, contador y presidente de la ONG Lógica, ejemplificó la situación en una entrevista radial en Todo es Posible (La Brújula 24). Explicó que, si bien las tasas se justifican por un servicio prestado, aplicarlas sobre los ingresos brutos —como sucede actualmente— no tiene lógica.
“Si una persona llama a un gasista para revisar las conexiones de su casa, lo razonable es que cobre por ese trabajo. Pero sería ilógico que pida ver los ingresos familiares para fijar el precio. Eso es lo que aceptó la Corte Suprema en un fallo de 2021”, recordó.
Un tributo territorial que penaliza la presencialidad
Otro aspecto que complejiza el panorama es que las tasas se aplican en función de la ubicación física del establecimiento. Esto genera un trato desigual frente a operadores digitales, que no cuentan con presencia territorial y, por ende, no están alcanzados por el mismo tributo.
Las entidades que mantienen redes de sucursales —clave para garantizar la atención presencial— enfrentan mayores obligaciones fiscales. “Los más de 2000 municipios regulan con total autonomía la metodología para calcular la tasa. Esto deriva en una enorme dispersión de reglas que elevan los costos administrativos y la inseguridad jurídica”, reitera el informe del IERAL.
Esta situación obliga a las entidades financieras a destinar recursos significativos a tareas burocráticas, lo que repercute de forma indirecta, pero concreta en el costo del financiamiento.
Más carga tributaria, menos competencia y menos crédito
La presión sobre la intermediación financiera es, en muchos casos, superior a la que enfrentan otros sectores con niveles similares de actividad o rentabilidad. Esto crea un escenario de competencia desigual y restringe el margen para la expansión del crédito.
Olivero detalló que tanto el impuesto a los Ingresos Brutos como las tasas municipales se aplican —aunque no corresponda— sobre el total de ingresos, cuando históricamente se basaban en el spread: la diferencia entre los intereses que el banco paga y los que recibe.
“El banco no se dedica a prestar plata, sino a intermediar entre depósitos y préstamos. Lo lógico era gravar esa diferencia. Pero se cambió, y ahora se cobra sobre el total, lo que multiplicó exponencialmente la base imponible”, explicó. Y agregó: “Fue una forma de duplicar, triplicar e incluso cuadruplicar esa base sin que la gente lo note, en un contexto sin transferencias fiscales”.
Presión tributaria: una barrera para el desarrollo económico
Desde el IERAL, su presidente Osvaldo Giordano fue claro: “El crédito es imprescindible para el desarrollo, tanto para las empresas como para las familias. El orden macroeconómico es una oportunidad para que este se expanda”. Sin embargo, advirtió: “Si no se resuelve el tema impositivo y en particular el problema que se acarrea con los impuestos locales, este desarrollo no va a ser posible. Esto conspira contra el desarrollo del crédito”.
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