En la búsqueda de una mayor transparencia y protección de los usuarios, el Congreso aprobó una serie de medidas que previenen el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, entre otras cuestiones. Te contamos todos los detalles.
El 14 de marzo, el Congreso aprobó la Ley 27.339 que actualiza cómo se manejan y previenen actividades ilegales como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
Esta ley se ajusta a las normas y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, una organización internacional que trabaja para combatir estos problemas en todo el mundo. En este sentido, es la primera vez en 13 años que se hace una modificación importante a las leyes que rigen estos temas. La última actualización fue en 2011, y la ley original entró en vigor en el año 2000.
¿Cuáles son los principales cambios de esta reforma?
Uno de los principales cambios se da en el Código Penal, aumentando el monto mínimo para que un delito de lavado de dinero sea considerado grave. Anteriormente, el monto era de $300.000, pero ahora se calculará en base a 150 salarios mínimos, vitales y móviles, lo que hace que el umbral sea más flexible y ajustado a la realidad económica actual.
En paralelo, se actualizará la Ley 25.246. Esta es específica sobre el lavado de dinero y ahora incluirá nuevas categorías de personas y entidades que deban reportar actividades sospechosas como proveedores de activos virtuales (por ejemplo, criptomonedas) y abogados que manejan determinados tipos de transacciones financieras.
Además, las organizaciones sin fines de lucros dejarán de ser sujetos obligados ante la UIF, aunque serán objeto de un análisis de riesgo de abuso para evitar que estas financien al terrorismo.
También se creará un registro público donde se llevará un control detallado de quiénes son los beneficiarios finales de las empresas y organizaciones. Esto busca mayor transparencia y facilidad para identificar posibles actividades ilícitas.
Por otra parte, las empresas que manejan activos virtuales, como las criptomonedas, deberán registrarse en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) la cual establece, entre otros cambios, que apliquen el concepto “Conozca a su cliente”.
La Administración Federal de los Ingresos Públicos (AFIP) será la entidad encargada de aplicar estas nuevas reglas. Habrá distintos niveles de acceso a la información del nuevo registro, tanto para organismos públicos como para particulares. El gobierno ha aclarado que no existirá secreto fiscal en relación con esta información, lo que significa que será más fácil rastrear y prevenir actividades ilícitas.
Estos cambios buscan modernizar la legislación para enfrentar de manera más efectiva las amenazas actuales relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, protegiendo así a la sociedad de estos delitos.
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