Los créditos de carbono ya se negocian en Argentina y pueden representar una nueva fuente de ingresos para empresas que desarrollen proyectos de reducción o remoción de emisiones. Desde POST te contamos su funcionamiento y los principales puntos que se debaten en el Congreso.
Los créditos de carbono permiten convertir la reducción o eliminación de emisiones en una unidad con valor económico. Para las empresas, esto abre una alternativa para obtener ingresos a partir de proyectos ambientales y, en algunos casos, acceder a nuevas formas de financiamiento.
En Argentina ya existe un mercado voluntario donde se pueden negociar estos certificados. A la vez, el proyecto de marco regulatorio que se encuentra en discusión busca establecer reglas para la titularidad, registración y comercialización de créditos generados en el país y facilitar su participación en mercados nacionales e internacionales.
Qué es un crédito de carbono y cómo se genera
Las empresas, los estados y las personas, constantemente miden la huella de carbono que generan. Luego, buscan reducirla a través de cambios como diseñar procesos que generen menos emisiones. Por último, se puede compensar las emisiones no evitadas a través de la compra de créditos de carbono.
Es decir, una empresa que, por la naturaleza de su negocio, no puede eliminar el 100% de sus emisiones, puede contrarrestarlo con un proyecto propio o financiando al de un tercero que compense.
En este punto entran los créditos de carbono. Estos representan una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) que fue evitada, reducida o removida de la atmósfera respecto de una línea de base.
Para que tenga reconocimiento, el proyecto debe seguir metodologías de certificación y atravesar procesos de monitoreo, reporte y verificación. Esto significa que una empresa no obtiene un crédito simplemente por afirmar que redujo sus emisiones.
El resultado debe poder medirse, documentarse y verificarse bajo un estándar de certificación. El proceso contempla, entre otras etapas, el diseño del proyecto, su validación, el monitoreo de los resultados, la verificación por una tercera parte y la emisión de los créditos.
La generación de estos activos tampoco es inmediata. Según la información oficial, un proyecto suele atravesar una evaluación de factibilidad, el diseño y preparación de la documentación, validación, registro, monitoreo, verificación y finalmente emisión de los créditos. Por eso, se trata habitualmente de proyectos de mediano y largo plazo.
Cuáles son los beneficios para las empresas
El primer beneficio potencial está en la comercialización de los créditos. Una empresa que desarrolla un proyecto que genera reducciones o remociones verificadas puede obtener certificados y venderlos en el mercado.
Es importante mencionar que existen dos tipos de mercados. Por un lado, se encuentran los regulados, los cuales son creados y controlados por regímenes obligatorios nacionales, regionales o internacionales.
En estos mercados, las entidades reguladas obtienen y entregan derechos de emisión para cumplir con las metas reglamentarias ambientales predeterminadas.
Por otro lado, se encuentra el mercado voluntario. Es el lugar donde se negocian créditos de carbono, satisfaciendo la demanda de créditos por fuera de los esquemas regulados. A su vez, permiten la compra y venta de créditos emitidos en el marco de proyectos que logren disminuir o eliminar emisiones.
Para las empresas que generan los créditos, esto significa que una inversión en energías renovables, eficiencia, gestión de residuos, agricultura, forestación u otros proyectos de mitigación puede tener una segunda dimensión económica.
Es decir, además del resultado propio de la actividad, el proyecto puede generar unidades de carbono comercializables si cumple con las condiciones requeridas. En Argentina ya se negocia en el mercado voluntario a través de ByMA.
El carbono como herramienta de financiamiento
En la búsqueda de establecer un marco regulatorio de cumplimiento obligatorio, se está debatiendo un proyecto para regular este mercado.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto para las empresas aparece cuando los créditos dejan de verse solamente como certificados ambientales y pasan a formar parte de una estructura financiera.
El actual predictamen establece que los créditos de carbono podrán utilizarse como activos subyacentes, fuente de repago o garantía de instrumentos destinados a financiar proyectos de mitigación o remoción de emisiones.
También contempla instrumentos vinculados a estos activos, entre ellos obligaciones negociables, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión y contratos derivados.
Esto podría ampliar las alternativas para financiar proyectos ambientales, aunque el uso concreto de estos instrumentos dependerá de la reglamentación y de las condiciones que establezcan los organismos correspondientes.
Cabe mencionar que el vínculo entre mercado de carbono y financiamiento no es completamente nuevo en nuestro país. De hecho, la propia Secretaría de Ambiente presentó herramientas orientadas al desarrollo de proyectos en mercados de carbono y finanzas verdes, con servicios relacionados con la certificación y comercialización de créditos y el acceso a mecanismos de financiamiento sostenible.
Qué cambiaría con un marco regulatorio
El proyecto también trata de ordenar cuestiones que son relevantes para que los créditos funcionen como activos con mayor previsibilidad. Entre ellas se encuentran la titularidad, el registro, la trazabilidad y la prevención del doble conteo.
El texto propone crear el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe) como una plataforma digital, pública y gratuita para registrar los proyectos de créditos de carbono desarrollados en Argentina. La inscripción tendría carácter declarativo y de trazabilidad y no funcionaría, por sí sola, como una autorización previa para comercializar los créditos.
Otro punto a tener en cuenta es el tratamiento previsto para las operaciones internacionales. El proyecto establece una alícuota de 0% en derechos de exportación para las transferencias internacionales de créditos de carbono alcanzadas por el régimen y contempla estabilidad fiscal durante 10 años para los proyectos registrados en el ReNaRe.
De esta forma, para una empresa el mercado de carbono puede representar algo más que una herramienta para compensar emisiones. Puede convertirse en una fuente potencial de ingresos, abrir el acceso a compradores internacionales y, si el marco propuesto avanza y se reglamenta, integrarse a estructuras destinadas a financiar nuevas inversiones.
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